martes, 31 de enero de 2012

el robo de bebes y los escrupulos del fascismo

Dedicado a ti padres que encontraron a su bebe

1.500 casos denunciados, tres tumbas vacías y ningún acusado. Es el balance de un año de investigación sobre el robo de niños cometido en España durante medio siglo, desde los años 40 a los 90. “Sí, en España se robaron niños, pero lamentablemente nos faltan pruebas para castigar a quienes los robaron y no creo que las vayamos a conseguir. Ojalá me equivoque”, confiesa el fiscal de una de las provincias con más casos, que pide que no se mencione su nombre. “Todos estamos en general muy frustrados porque a veces los supuestos robos se cometieron en hospitales que hoy ya no existen y, por tanto, no hay documentación; otras veces ha pasado tanto tiempo que los médicos o matronas implicados han muerto, y los que aún viven no se acuerdan de nada, o no quieren acordarse. Algunos nos han dicho: ‘Yo sé que las cosas no se hacían bien’, pero son declaraciones muy genéricas, insuficientes para imputar un delito a alguien”.
Otro fiscal corrobora esa misma frustración: “Las denuncias siguen llegando, es un goteo constante, pero no tenemos pruebas suficientes para imputar delitos o judicializar los casos”.
Incluso la mayor evidencia, la de los ataúdes vacíos, no parece ser suficiente. “Las exhumaciones son muy elocuentes, demuestran que a los padres les mintieron, pero no aportan ninguna nueva pista sobre el paradero de ese niño. A efectos jurídicos, lamentablemente, están casi en la misma situación quienes han encontrado una tumba vacía que los que no”, asegura el fiscal.
Las exhumaciones practicadas hasta ahora (16) sí han servido a algunas familias para quitarse una duda insoportable: la de si su hijo había muerto o se lo habían entregado a otra pareja. Así ocurrió en Zaragoza y en Albacete, donde tras abrir un ataúd y practicar las consiguientes muestras de ADN, se comprobó que el niño enterrado era el hijo que su madre temía le hubieran quitado.
Los fiscales han ordenado ya otras seis exhumaciones: cinco en Castellón y otra más en Madrid. Esta última será la primera en la comunidad, porque la que se ordenó el pasado octubre se produjo en Barcelona, donde había sido trasladado el cuerpo del niño. En Madrid hay más de 200 casos denunciados —sobre todo de las clínicas de San Ramón, Santa Cristina y la maternidad de O'Donnell— pero no se han abierto nichos porque según manifestó el personal del cementerio de La Almudena (donde supuestamente fueron llevados los cuerpos) a la fiscalía, a los diez años, fueron trasladados a un osario común. En este caso, la familia denunciante pidió que el niño fuera enterrado en un panteón familiar, lo que posibilita la exhumación.
Los delitos que los fiscales podrían probar hoy mismo han prescrito. “Por ejemplo, hemos constatado que había médicos que, al conocer a una madre que quería dar a su hijo en adopción, en lugar de recurrir a los cauces legales y ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes,  adjudicaban el bebé a un matrimonio amigo o conocido. Eso sería un delito de falsedad documental, y por tanto, prescrito”, explica el fiscal.
Los afectados son conscientes de las dificultades de investigar estos casos, pero no se resignan. Hoy hace justo un año que presentaron ante la Fiscalía General del Estado una denuncia colectiva por robo de niños. En ese tiempo han cambiado muchas cosas —el número de denuncias ha crecido de 261 a casi 1.500, los denunciantes se han dividido, creado nuevas asociaciones y se han reunido con multitud de cargos políticos e instituciones: desde el ministro de justicia a la defensora del pueblo—, pero se ha avanzado muy poco. Por eso hoy se manifestarán ante la puerta de la Fiscalía General del Estado, adonde llevarán 75.000 firmas reclamando que dejen de archivarse casos y que se abran nuevas líneas de investigación.
En el documento que representantes de tres asociaciones (SOS Bebés Robados, Anadir y Aberoa) entregarán al fiscal del Estado solicitan, entre otras cosas, que las fiscalías investiguen en archivos eclesiásticos, de la Administración pública, de hospitales públicos y privados y de cementerios, y que aunque no exista información sobre el paradero actual del niño, “se tomen muestras de ADN de los denunciantes y se remitan al fichero de perfiles genéticos del Ministerio de Justicia”.
“Me imagino lo horrible que debe ser vivir con la duda de si tu hijo murió o se lo robaron”, prosigue el fiscal. “Uno de los casos que he escuchado que más me impresionó es el de una mujer que me contó que le habían robado varios hijos en distintos partos: uno de gemelos, en el que le dijeron que uno de los dos bebés había muerto, y otro cinco años después”.
Pese a todas las dificultades, un puñado de padres e hijos han logrado reencontrarse. Como Randy Ryder, nacido en Málaga y vendido a un matrimonio estadounidense, que acaba de descubrir que su madre es una actriz sudafricana. Aunque la justicia no haya tenido nada que ver en ese reencuentro, fruto de la casualidad: la madre reconoció a su hijo en televisión.

El Gobierno de Estados Unidos tenía conocimiento de que en la última dictadura ocurrida en la Argentina se estaba perpetrando "un plan" de sustracción de hijos a detenidos y desaparecidos y que había "muchos niños" apropiados ilegalmente por "familias leales" al régimen,
En una video conferencia desde el consulado argentino en Washington, el ex subsecretario de Derechos Humanos del Departamento de Estado norteamericano, Elliott Abrams, reveló que los Estados Unidos tenían conocimiento del robo de bebes y que sugirió a los militares que "la Iglesia podía ayudar" a resolver ese "problema terrible".
Abrams declaró hoy como testigo en el juicio que se realiza a militares por el plan sistemático de robo de bebés, según consignó la agencia DyN. "Estábamos al tanto de que niños habían sido sustraídos a sus familias y se entregaban a otras familias cuando sus padres estaban prisioneros o muertos", reveló el ex funcionario de Reagan.
El ex diplomático señaló que "había muchas juntas militares en América Latina" pero que no recuerda "otro tema como este" de sustracciones de niños, y advirtió que la Argentina "fue el peor caso" de violaciones a los derechos humanos con criaturas, ocurridas en los países del sur del continente.
En ese marco, Abrams indicó que para el Departamento de Estado constituía "un problema muy serio de violación a los derechos humanos". "Se trataba de niños vivos y eran muchos los que estaban en esa situación", dijo.
Al ser consultado sobre si conocían una cifra concreta, Abrams respondió: "Sabíamos que no eran sólo uno o dos niños, sino que existía un patrón, un plan, porque había mucha gente que estaba siendo asesinada o encarcelada".
Luego, el ex diplomático recordó haber abordado el asunto con el embajador de la dictadura en Washington, Lucio García del Solar, durante una reunión celebrada el 3 de diciembre de 1982 en el Departamento de Estado y que allí se le indicó "al Gobierno argentino que este era un problema terrible y muy complicado de resolver".
Este testimonio ha sido uno de los últimos que se escuchen hasta el 6 de febrero en el debate oral que comenzó en el 28 de febrero de 2011 para esclarecer 34 casos de robos de niños.
Allí están siendo juzgados los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, acusados de sustracción, retención y ocultamiento de menores y sustitución de sus identidades.
Bajo los mismos cargos también se está juzgando a Antonio Vañek, ex jefe del Comando de Operaciones Navales; Jorge Eduardo Acosta, que estuvo a cargo de la Unidad de Inteligencia del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA; Santiago Omar Riveros, ex comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo, y Rubén Oscar Franco, ex jefe de la Armada.
Como autores materiales directos de esos delitos se juzga al ex prefecto Juan Antonio Azic -quien anotó como hija suya a una menor que resultó ser Victoria Donda- y al médico militar Jorge Luis Magnacco..

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